Estamos a las puertas de un nuevo relevo en la transición ecológica: el que determinará la manera en la que los ciudadanos vamos a acceder a partir de ahora a la energía. Una energía que será más limpia, renovable y compartida.
Aunque la partida de la transición energética va ya muy avanzada, todavía queda por mover una de sus principales piezas: la de las denominadas comunidades energéticas locales. Esta figura, todavía por desarrollar en la regulación española, podría suponer un gran avance, revolucionando el actual panorama del sistema eléctrico español y facilitando la participación e inclusión de la ciudadanía en él.
Gracias a las comunidades energéticas, algunos de los aspectos claves de la transición energética en las ciudades, como la climatización, la eficiencia, la generación con renovables o la movilidad eléctrica, podrían estar en manos de la ciudadanía, aumentando su empoderamiento energético, su concienciación sobre el consumo responsable y su apoyo a la sostenibilidad ambiental.
La incipiente figura emana de la regulación europea. En 2018, con la Directiva (UE) 2018/2001, y al año siguiente, con la Directiva (UE) 2019/944 se incorporó el término “comunidades energéticas locales “ (CEL) que englobaba dos nuevas figuras jurídicas: las “comunidades ciudadanas de energía” y las “comunidades de energía renovable”. Así, se describen como “cualquier asociación, cooperativa, sociedad, organización sin afán de lucro u otra entidad jurídica que esté controlada por accionistas o miembros locales, generalmente orientada al valor más que a la rentabilidad, dedicada a la generación distribuida y a la realización de actividades de un gestor de red de distribución, suministrador o agregador a nivel local”.
Su definición se ha transpuesto a la legislación española (más allá de la diferencia terminológica que habrá que solventar), pero solo de manera parcial, sin entrar en su desarrollo jurídico, técnico y financiero. En junio de 2020, el Real Decreto Ley 23/2020 introducía la figura de las comunidades de energías renovables en la normativa de nuestro país, con el fin de incrementar la participación de los ciudadanos y de las autoridades locales en los proyectos de energías renovables, lo que permitiría una mayor aceptación local de estas energías y una participación mayor de los ciudadanos en la transición energética.
Para avanzar en su desarrollo, en noviembre del año pasado, el Ministerio de Transición Energética y el Reto Demográfico (MITECO), a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), abrió la “Consulta pública previa de Comunidades Energéticas Locales”, con la intención de recoger toda la información sobre las barreras administrativas y propuestas para crear una nueva normativa que permita impulsar la creación y la implantación de las comunidades energéticas en nuestro país.
Europa marca el camino
Más allá de su todavía necesario desarrollo normativo a nivel nacional, muchos habitantes de diferentes países europeos ya gozan de los beneficios de las comunidades energéticas, hasta ahora promovidas por los movimientos cooperativistas. El impulso y fomento de este movimiento comunitario en torno a la energía lo lleva a cabo la Federación Europea de Cooperativas de Energía Renovable (Rescoop), una organización que lleva desde 2011 apoyando la implantación de este nuevo modelo de asociaciones energéticas a través de diferentes proyectos, dotándolos de apoyo financiero y regulatorio, organizando eventos y elaborando numerosos informes técnicos.
En total, engloban alrededor de 1.500 cooperativas activas en eficiencia energética, generación de electricidad y calor a partir de fuentes renovables y movilidad eléctrica, siendo ya más de un millón de socios en 12 Estados europeos. En España, esa labor de apoyo se realiza desde Unión Renovables, la unión de cooperativas de personas consumidoras y usuarias de energías renovables que agrupa a 19 cooperativas de ámbito municipal y regional, contando con más de 85.000 socios.
Como se recoge en la Guía para el Desarrollo de Instrumentos de Fomento de Comunidades Energéticas Locales, creada por el IDAE, el modelo cooperativo es muy habitual en Alemania y Holanda, pues en este último un 66% de la inversión en proyectos de comunidades energéticas se realiza a través de cooperativas. El tamaño de las comunidades es variable, pero el promedio se sitúa en torno a los 70 participantes.
Energía en manos de la ciudadanía
Entre los múltiples beneficios que podrían aportar las comunidades energéticas destacan el abanico de posibilidades para que los ciudadanos participen en la producción de energía (autoconsumo fotovoltaico compartido), en el consumo y en la distribución o reparto de la energía renovable. Según las directivas europeas, se les permitirá operar a lo largo de toda la cadena de valor de la electricidad. Por tanto, habrá una interacción continua con la red de distribución de cada ciudad al aproximar los sistemas de generación de electricidad a los puntos de consumo, generando un debate futuro sobre quien deberá ser propietario y gestor de las redes.
Por todo ello, parecen una excelente oportunidad para acelerar la transición energética en las ciudades, sobre todo en localizaciones de la España vaciada, fijando empleo y aunando intereses comunes en torno a asociaciones locales basadas en estrategias colectivas, inclusivas y participadas por socios. En este caso, el socio de la comunidad energética podría ser propietario de la instalación, una novedad que no ofrece ningún otro tipo de actor energético más allá de las instalaciones de autoconsumo.
Según Rescoop, la mitad de todos los ciudadanos europeos podría producir su propia electricidad para el 2050, satisfaciendo el 45% de la demanda de energía de la UE. Esto representaría un cambio masivo en el que los ciudadanos, gracias al poder ser partícipes y gestores de su propia energía renovable, siendo los protagonistas y acelerando el ritmo de la transición energética.
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